El Consejo Constitucional francés, se pronunciaba sobre la controvertida ley Hadopi que pretende regular las descargas de Internet en el país galo mediante un sistema de respuesta graduada que en última instancia suponía la desconexión de los usuarios de la Red después de recibir dos avisos previos sobre su actividad sin que tuviera que mediar decisión judicial alguna.
Tras estudiar los once puntos en los que los socialistas entendían que esta ley era inconstitucional, el Consejo ha decidido que hay dos cuestiones en esa ley que vulneran la constitución, que son por un lado que la ley en cuestión coarta la libertad de expresión y comunicación de los ciudadanos al privarlos del acceso a Internet, de la que en concreto menciona su «importancia para la participación en la vida democrática y en la expresión de ideas y opiniones», y por otro que ignora la presunción de inocencia de estos.
Con esto, la ley queda desprovista de todo poder ejecutivo y sólo servirá para enviar avisos a los usuarios de Internet de que descargarse cosas no está bien, al menos en opinión de algunos.
Tras estudiar los once puntos en los que los socialistas entendían que esta ley era inconstitucional, el Consejo ha decidido que hay dos cuestiones en esa ley que vulneran la constitución, que son por un lado que la ley en cuestión coarta la libertad de expresión y comunicación de los ciudadanos al privarlos del acceso a Internet, de la que en concreto menciona su «importancia para la participación en la vida democrática y en la expresión de ideas y opiniones», y por otro que ignora la presunción de inocencia de estos.
Con esto, la ley queda desprovista de todo poder ejecutivo y sólo servirá para enviar avisos a los usuarios de Internet de que descargarse cosas no está bien, al menos en opinión de algunos.
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